AREQUIPA, Perú – La agencia de viajes Expedia deberá indemnizar con la suma de 29.8 millones de dólares al cubanoamericano Mario Echevarría, quien reclamó la propiedad de Cayo Coco, confiscada a su familia durante la Ley de Reforma Agraria, en 1959. 731b5u
Un reporte del medio independiente Café Fuerte tuvo al fallo del caso, luego que un jurado en Miami hiciera el dictamen al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton reactivado en 2019 durante la primera presidencia de Donald Trump.
El tribunal, presidido por el juez federal Federico Morenode, reconoció que las entidades Hotel.com LP, Hotels.com GP y Orbitz LLC, pertenecientes a Expedia, realizaron reservaciones desde sus plataformas digitales para obtener ganancias en hoteles construidos en los terrenos expropiados por el régimen hace casi 70 años.
En ese sentido, el veredicto impuso una suma compensatoria de 9.95 millones de dólares a cada entidad por concepto de daños y perjuicios, para un total de 29.85 millones.
El abogado Andrés Rivero, del bufete Rivero & Mestre, quien representó al demandante resaltó la trascendencia histórica del caso, calificándolo como “una gran victoria”.
“No solo para nuestro cliente”, explicó el letrado, “sino también para la comunidad cubanoamericana en general, cuyos bienes fueron confiscados indebidamente y explotados por empresas estadounidenses en colaboración con la dictadura comunista cubana”.
No obstante, este podría no ser el final del litigio en tanto Expedia pudiera apelar el fallo a una corte superior, lo cual, hasta el momento, no ha trascendido.
Cayo Coco, zona turística de la costa norte de Cuba, alberga tres hoteles que Echevarría alegó como entidades involucradas en el tráfico de propiedades: Iberostar Mojito, Iberostar Colonial y Pullman Cayo Coco.
En 2019, el demandante y otros tres cubanoamericanos pusieron en marcha la demanda como herederos de propiedades confiscadas en Varadero y Santa Cruz del Norte. Sin embargo, el juez federal de Miami,Robert N. Scola, desestimó el reclamo un año después y no fue hasta 2023 que Echevarría prosiguió el caso de manera individual.
La Ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso de EE. UU. en 1996, permite que los ciudadanos estadounidenses (incluidos los cubanos naturalizados) puedan demandar a las empresas que participan en actividades comerciales con las propiedades confiscadas por el régimen de La Habana, tras enero de 1959.
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