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LA HABANA, Cuba.- A sus 53 años, Habana de Ávila está dispuesta a perdonar los agravios que recibió por asumir su verdadera identidad de género, sobre todo “si es para lograr avances en nuestros derechos”, dijo en entrevista con CubaNet, mientras comenzaba a narrar escenas de su vida.
“Cuando nos arrestaban en operativos policiales nos pasaban un papel por la cara buscando rastros de polvo facial. Te multaban si tenías maquillaje o te sacabas las cejas”, contó Habana.
“Para que nos soltaran debíamos cambiarnos de ropa, vestirnos de hombre. Había quienes se negaban. Yo no, yo siempre me cambié”.
En 1997 el Gobierno cubano eliminó las alusiones a la homosexualidad del Código Penal. No obstante, la corrección de las bases institucionales de la homofobia fue letra muerta para las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).
En las siguientes décadas, no acabaron las manifestaciones de homofobia y transfobia en espacios institucionales. La Policía tampoco dejó de hostigar a hombres gais, travestis y mujeres transexuales en los espacios públicos.
Incluso, cuando la Constitución incluyó avances en materia de derechos para la comunidad LGBTI+ ―antes el Código de Trabajo ya había prohibido la discriminación por orientación sexual en el ámbito laboral―, el Parlamento estableció que la única ley sometida a consulta y referéndum populares sería el Código de Familia, donde quedaría definido el concepto de matrimonio.
De manera general, pocos avances se cuentan desde la modificación del Código Penal en 1997 hasta la prohibición explícita de la discriminación basada en las categorías de sexo, género, orientación sexual e identidad de género, como recoge el artículo 42 de la Carta Magna vigente.
Sin embargo, este logro vuelve a tropezar con la limitada voluntad de los gobernantes para poner rumbo a un ordenamiento jurídico que haga valer los derechos reconocidos de las personas no heterosexuales ni cisgénero.
Desde la oficialidad, el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), dirigido por Mariela Castro Espín, ha encauzado las demandas por los derechos de la comunidad sexo y género diversa. Sin embargo, la institución ha sido acusada por su fuerte carga ideológica: sus críticos aseguran que el centro al mando de la hija de Raúl Castro Ruz está más interesado en reescribir la historia de represión contra los homosexuales desde el triunfo de la Revolución que en la consecución definitiva de los derechos de la comunidad LGBTI+ cubana.
Recientemente, Castro Espín provocó una intensa polémica por comparar las Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP) ―campos de trabajo forzado a los que el régimen envió a homosexuales y desafectos de la Revolución entre 1965 y 1967― con la llamadas “escuelas al campo”.
La directora del CENESEX también ha sido criticada por no hacer valer su iniciativa legislativa como diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular para presentar un proyecto de ley que reconociera los derechos de la comunidad LGBTI+.
Para el historiador y ensayista cubano Abel Sierra Madero, el CENESEX y el discurso de Castro Espín forman parte de las estrategias desarrolladas por el régimen cubano “para tratar de acortar y limar esas asperezas, y tratar de borrar de la memoria histórica colectiva páginas de la historia como las UMAP, el Congreso de Educación y Cultura y una política abiertamente antihomosexual durante mucho tiempo”.
Por otro lado, el periodista y activista gay Maykel González Vivero considera que los derechos legislativos alcanzados no cambian el panorama social de la diversidad de sexo y género en la Isla.
“Hay algunos avances que todavía se están expresando en principios muy generales. El discurso oficial es paradójico. Al parecer hay voluntad política de reconocer determinados derechos de la comunidad LGBTI+ (ahora mismo la discusión completa se enfoca en el matrimonio), pero hay muchas circunstancias, deudas en materia legal y social que no han sido resueltas”.
“Por ejemplo ―prosigue el reportero y director de la revista Tremenda Nota―, la comunidad trans está pidiendo una ley de identidad de género; el acoso escolar contra las personas gais, trans y lesbianas sigue ocurriendo; el crimen de odio sigue sin estar tipificado en las leyes cubanas”.
Derechos universales
En el informe de 2020 sobre los derechos humanos en Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció los avances del Estado cubano en la protección de la comunidad LGBTI+. El documento destaca retos en materia de derechos, inalcanzables en el sistema de corte estalinista que impera en la Isla.
Las políticas homofóbicas institucionalizadas por el régimen desde 1959 forman parte de la mentalidad social actual. Este es uno de los principales obstáculos para los cambios sociales en Cuba, sumado a la falta de voluntad plena de los gobernantes.
Yasmany Pérez Llorente, joven activista LGBTI+ exiliado en Uruguay, declaró a CubaNet que la forma imperativa del régimen cubano para legislar no se aplica en la restitución de derechos.
“Están vendiendo al mundo la falsa imagen de política interna a tono con el mundo occidental. Dentro de Cuba convocan a plebiscito el derecho al matrimonio igualitario, cuando sabemos que nuestro país se gobierna mediante decretos. ¿Por qué no llevan a cabo el mismo nivel de convocatoria con la política unipartidista que le imponen al pueblo mediante mandatos? No existe interés en los derechos de nuestra comunidad (…). En Cuba no se reconoce a la comunidad LGBTI+ independiente con derechos para proponer cambios como parte de la sociedad civil”.
Por los derechos LGBTI+
La comunidad LGBTI+ independiente cubana no tiene posibilidades de acceder a espacios oficiales de discusión donde pueda hacer valer su opinión y propuestas. Las reglas del sistema restringen la participación política y asociación.
Luis Ángel Adán Roble ha sido hasta ahora el único diputado abiertamente gay que formó parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular, caracterizada por la unanimidad de sus parlamentarios. El exdiputado que renunció a la bancada ahora impulsa una petición para que no sea plebiscitado el derecho al matrimonio igualitario.
CubaNet ó con Adán Roble, quien declinó ofrecer declaraciones sobre su propuesta y los avances de la comunidad LGBTI+ en la Isla.
Por su parte, González Vivero considera que las “reglas del juego” no permiten salirse del guion oficial dentro de las instituciones gubernamentales.
“Luis Ángel intentó ofrecer nuevos matices ante las malas decisiones oficiales contra las aspiraciones de la comunidad LGBTI+ (…). Lo importante es que la comunidad impulsa una iniciativa para derogar la disposición transitoria decimoprimera de la Constitución, que establece un referéndum para aprobar el Código de Familia”, donde se determina la forma de constituir el matrimonio en Cuba.
“Vamos a presentar las 50 000 firmas que exige el Parlamento para solicitar una modificación de la Ley”, especificó el reportero.
Según la legislación cubana, las firmas deben ser certificadas por instancias electorales no especificadas en la propia Ley. Este proceso exigía 10 000 firmas hasta su modificación tras el Proyecto Varela, una iniciativa impulsada por el opositor Oswaldo Payá para promover la democracia en la Isla.
Muchos activistas creen que las leyes en Cuba solo avanzan cuando los gobernantes quieren ajustar la política interna para jactarse de la igualdad promovida por el régimen. Sin embargo, los derechos de la comunidad LGBTI+ deben ser garantizados, sin plebiscito, con la misma urgencia con que, en su época, las mujeres debían tener derecho al voto.
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