MIAMI, Estados Unidos. – Un informe publicado en mayo por la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW) revela que el Gobierno cubano cometió al menos 1.898 violaciones a la libertad de religión o de creencias (LdRC) durante 2024, en el marco de una ofensiva sistemática que afecta a grupos religiosos registrados y no registrados en toda la Isla. 1o6v2i
Según el reporte, se documentaron 624 incidentes distintos, de los cuales la mayoría presentó múltiples tipos de vulneraciones. “Los líderes y sus congregaciones que intentaron responder a las crecientes necesidades humanitarias (…) fueron objeto de hostigamiento y multas. En muchos casos, la ayuda que procuraban distribuir fue confiscada”, advierte el informe.
Entre las violaciones más frecuentes se encuentran detenciones arbitrarias, vigilancia intrusiva, interrogatorios, citaciones, multas elevadas, confiscación de bienes, amenazas de encarcelamiento y discriminación. También se registraron agresiones físicas y psicológicas, incluso contra menores, así como la prohibición sistemática a presos políticos para recibir atención espiritual.
La organización con sede en el Reino Unido denunció que La Habana “siguió violando sistemáticamente las Reglas Nelson Mandela en lo relativo a los presos políticos, negándoles de forma reiterada las visitas religiosas y el derecho a recibir materiales religiosos”.
Las iglesias y templos afrodescendientes y protestantes no registrados fueron particularmente afectados. Solo entre los grupos religiosos yoruba se reportaron al menos 55 casos de hostigamiento en 10 provincias. En algunos episodios, agentes del Estado irrumpieron violentamente en celebraciones religiosas realizadas en viviendas particulares.
Asimismo, líderes religiosos fueron multados con sumas que alcanzaron los 50.000 CUP por realizar actividades sin permisos que, según el informe, el propio gobierno niega de forma sistemática. Las multas totales en 2024 ascendieron a 1.148.080 CUP.
El Código Penal cubano vigente, que criminaliza el “abuso de la libertad de culto”, y la existencia de una Oficina de Asuntos Religiosos (ORA) del Partido Comunista que opera sin transparencia ni mecanismos de apelación, “refuerzan la capacidad del gobierno para reprimir a líderes religiosos”, asegura CSW.
El informe también resalta que en muchos casos se impidió a creyentes asistir a servicios religiosos. Las integrantes del movimiento Damas de Blanco fueron arrestadas casi todos los domingos para evitar que participaran en misas. Además, los familiares de disidentes y presos políticos sufrieron represalias como el impedimento de ingresar a congregaciones, por presiones directas del Departamento de Seguridad del Estado.
CSW instó al Gobierno cubano a implementar reformas urgentes que garanticen la libertad de religión o de creencias, entre ellas la eliminación de la ORA en su forma actual y la ratificación de pactos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También exhortó a la comunidad internacional, en especial a la Unión Europea, Estados Unidos y gobiernos latinoamericanos, a “expresar de manera enfática su preocupación por las constantes violaciones de los derechos humanos en la Isla” y apoyar a la sociedad civil independiente.
“La represión ha alcanzado niveles comparables a las décadas de 1980 y 1990”, concluye el informe, y subraya que, a pesar de las amenazas, muchos líderes religiosos continúan denunciando los abusos y defendiendo a sus comunidades.
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