MIAMI, Estados Unidos. — El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes restricciones de visado a más de 250 funcionarios del régimen nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes acusa de promover políticas represivas y atentar contra las instituciones democráticas. Con esta medida, el total de personas sancionadas por Washington asciende a más de 2.000 desde el inicio de la ola represiva en 2018. 6m714x
“El régimen nicaragüense es un enemigo de la humanidad”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un mensaje publicado en la red social X. “La istración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de EE.UU. por parte de un régimen que usa la migración como arma y convierte a Nicaragua en un centro para inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera”, añadió.
Rubio calificó al Gobierno de Ortega-Murillo como una “dinastía autoritaria” y precisó que las sanciones se dirigen específicamente contra “los cómplices del régimen”.
En un comunicado oficial, el Departamento de Estado reiteró que las restricciones de visado se aplican conforme a la Proclamación Presidencial 10309, que prohíbe el ingreso a territorio estadounidense a personas que “formulan, implementan o se benefician de políticas o acciones que socavan las instituciones democráticas”.
“Estados Unidos no tolerará el continuo asalto de Ortega y Murillo contra Nicaragua”, subraya el texto. “Al cumplirse siete años desde la brutal represión del régimen contra manifestantes, reflexionamos sobre el coraje de quienes protestaron y su deseo de vivir en una Nicaragua libre de tiranía”.
El Gobierno estadounidense señaló que estas medidas buscan “promover la rendición de cuentas” por parte de quienes han contribuido a suprimir derechos fundamentales y han obligado a miles de ciudadanos al exilio.
Las sanciones se suman a un conjunto más amplio de medidas diplomáticas y económicas aplicadas por Washington desde que en abril de 2018 estallaron protestas sociales en Nicaragua, reprimidas con violencia por fuerzas estatales y grupos afines al oficialismo. Desde entonces, organismos internacionales han documentado violaciones sistemáticas de derechos humanos, encarcelamientos arbitrarios y cierre del espacio cívico en el país centroamericano.
La reciente acción del Departamento de Estado refuerza la línea dura adoptada por la actual istración contra gobiernos autoritarios en la región.
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