LA HABANA, Cuba. – La agricultura cubana requiere cuanto antes de decisiones gubernamentales que logren estimular la iniciativa creadora de todos los factores que trabajan la tierra, sobre todo de los actores que se desenvuelven en la esfera no estatal de la economía, como los propietarios, los usufructuarios y los cooperativistas. 2d5n3e
Solo así se estarían eliminando una parte de las trabas que hoy lastran el desarrollo de las fuerzas productivas, e impiden el despegue de ese importante sector de la economía nacional. Sin embargo, informaciones que han aflorado en días recientes indican que el oficialismo no se mueve en esa dirección.
El pasado 27 de marzo, el periódico oficial Granma dio a conocer que en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular del próximo mes de diciembre se someterá a la consideración de los diputados un proyecto de ley de propiedad, posesión y uso de la tierra, que, según el oficialismo, “beneficiará a los productores y cooperativas con títulos de propiedad, a las personas y tierras con bienes agropecuarios en usufructo, y a las empresas estatales”.
Mas, un acercamiento a varios de los acápites del proyecto nos permite apreciar que será reforzado el control gubernamental sobre los distintos poseedores de tierras.
El proyecto de ley establece que a las tierras deberá dárseles “un uso racional y adecuado”. O sea, que siempre estará la tutela gubernamental para comprobar que, incluso en el caso de los propietarios, se utilice la tierra de acuerdo con los intereses del Estado.
De igual manera no se itirá que las tierras se abandonen sin causas justificadas. Y para aquellos propietarios que decidan declarar herederos, estos últimos se deberán comprometer a continuar las labores en la producción agropecuaria y forestal.
En el caso de los usufructuarios de tierras se prohíbe que les den un uso diferente al aprobado. Es decir, el que se aviene con los intereses estatales. También se aclara que cuando se pretenda aumentar las áreas en usufructo, los usufructuarios no estatales (personas naturales) tendrán la peor parte, pues solo se les entregarán nuevas tierras de modo gradual, a diferencia de las personas jurídicas y las casi gubernamentales unidades básicas de producción cooperativa (UBPC), que las recibirán ilimitadamente.
El proyecto de ley especifica que los usufructuarios tendrán un plazo de 60 días para abandonar las tierras y las bienhechurías ―casi siempre viviendas que hayan construido― cuando el Estado decida cesar el contrato de usufructo. Y ya sabemos de decisiones anteriores que son muy arbitrarias y subjetivas varias de las causas por las que el Estado puede decretar el fin del usufructo. Una de esas causas se relaciona con “la no claridad de las fuentes de financiamiento con que cuenta el usufructuario”.
Hasta aquí nos hemos referido a las cláusulas del proyecto de ley de propiedad, posesión y uso de la tierra que se vinculan generalmente con la producción agrícola. A ello habría que agregar las presiones que reciben los productores a la hora de comercializar sus producciones.
La maquinaria castrista del poder aspira a que toda la producción agrícola sea contratada por el Estado, y después que sean las entidades estatales ―entre ellas la ineficiente Acopio― las únicas que participen en la comercialización de los productos del agro. Una situación que perjudica sobremanera a los productores, quienes reciben menos ingresos, y también a los consumidores finales debido a la escasez que con frecuencia se genera.
Precisamente, durante la Asamblea de Renovación y Ratificación de Mandatos de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en La Habana se anunció como un elemento negativo “la no contratación con el Estado de toda la producción por parte de los productores, lo que crea brechas a las ilegalidades y las distorsiones”.
A la postre, estamos convencidos de que los obedientes diputados castristas darán el visto bueno, tal y como venga de “arriba”, al proyecto de ley de propiedad, posesión y uso de la tierra cuando les sea sometida a su consideración.
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