LA HABANA, Cuba. – A nadie escapa el afán de las autoridades cubanas por incorporar al trabajo a la mayor cantidad de personas en el país. Las llamadas ferias de empleo, que periódicamente se celebran a lo largo y ancho de toda la Isla, con la participación de empleadores estatales y no estatales, intentando ofrecer plazas disponibles a los desocupados, son una muestra de ello. 661j5v
Lo más significativo de esa maniobra gubernamental es que últimamente está pasando de la recomendación a lo impositivo. En ese sentido se inscribe un reciente artículo aparecido en el periódico Granma con el título “El estudio y el trabajo no son solo un derecho, sino un deber social”.
Tras aseverar que es necesario pasar a la acción en lo concerniente a incorporar a las personas al trabajo, el autor del texto expresó que “en el contexto de la situación actual del país debemos y tenemos que luchar y salir adelante con nuestros propios esfuerzos, por tanto, es una necesidad impostergable lograr por todos los medios que toda persona, en condiciones físicas y mentales para trabajar, asuma las responsabilidades sociales que le corresponden”.
No es difícil advertir que esta exhortación castrista va más allá de la filantrópica política de atenuar lo que el oficialismo llama “vulnerabilidades sociales”, al posibilitar que más núcleos familiares cuenten con ingresos que les permitan subsistir.
Lo que realmente mueve al régimen es la imperiosa necesidad de que se ocupen las cuantiosas plazas laborales, fundamentalmente en el sector estatal, que han quedado vacantes en los últimos meses como consecuencia de la emigración, el éxodo de trabajadores hacia empleos mejor remunerados en el sector no estatal, así como el desdén de las personas hacia plazas laborales que pagan salarios irrisorios en el contexto de la actual ola inflacionaria que afecta al país.
Como otro componente del arsenal gubernamental para hacer que más ciudadanos se incorporen al trabajo, se ha anunciado que en el presente año quedará implementado el Servicio de Gestión de Empleo Local, un ente que facilitará la identificación de nuevos empleos, así como la capacitación de los futuros empleados, en especial si se trata de jóvenes egresados de los distintos niveles de enseñanza. Esto último es de gran interés para las autoridades debido a la implicación de muchos jóvenes ―la mayoría desvinculados del estudio y el trabajo― en actos delictivos.
Mas, si todas las gestiones del régimen tendentes a incorporar más personas al trabajo no dieran los resultados esperados por la maquinaria del poder, pocos dudan de que las autoridades estarían dispuestas a acudir a medidas más represivas. Y en ese sentido descollaría una nueva versión de la “ley contra la vagancia”, por la cual, que tal y como sucedió en los años 60 y 70 de la pasada centuria, se sancionaba hasta con penas de cárcel a aquellas personas en edad laboral que se negaran a incorporarse al trabajo.
En materia de empleo, además de todo lo anterior, al Gobierno le preocupa la nada despreciable cantidad de trabajadores del sector no estatal que practican el denominado “empleo informal”. Es decir, aquellas personas que laboran generalmente como ayudantes en cafeterías y otros negocios particulares, y no acuden a las oficinas municipales del Ministerio de Trabajo para legalizar su situación.
La propaganda oficial aduce que se trata de trabajadores que no disfrutan de los supuestos derechos que concede el Código del Trabajo para todos los empleados del país. Sin embargo, el hecho de que esos informales no paguen los impuestos que la Oficina Nacional de istración Tributaria (ONAT) les cobra a todos los trabajadores del sector no estatal, parece ser la verdadera preocupación del castrismo.
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