MIAMI, Estados Unidos. – El joven Víctor Ángel Rodríguez Martí murió mientras se encontraba bajo custodia policial en la Segunda Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Santiago de Cuba, conocida como El Palacete, según denunció el Centro de Información Legal Cubalex en su página de Facebook. 3x442q
Las circunstancias del fallecimiento aún no han sido esclarecidas oficialmente.
Rodríguez Martí padecía diabetes y, de acuerdo con el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, sufrió varios desmayos dentro de la celda sin recibir atención médica oportuna. Un testigo detenido en la misma unidad afirmó que fue víctima de una golpiza “brutal” por parte de un oficial, quien presuntamente intentó asfixiarlo y le propinó un golpe en la cabeza con una tonfa.
El cuerpo del joven presentaba hematomas y signos visibles de violencia, de acuerdo con la información recabada por Cubalex. No obstante, la versión oficial sostiene que murió por “causas naturales”, sin ofrecer pruebas ni explicaciones detalladas sobre lo ocurrido.
“No son hechos aislados: son violaciones sistemáticas de derechos humanos”, advirtió Cubalex en su denuncia. “Cada muerte bajo custodia es una alerta urgente sobre la desprotección, la impunidad y el abuso de poder por parte de las autoridades”.
La organización subrayó que el Estado cubano tiene la obligación de garantizar la vida y la integridad física de toda persona bajo su custodia. “La falta de transparencia, sumada a las denuncias de malos tratos y negligencia médica, exige una investigación inmediata, independiente y exhaustiva”, reclamó Cubalex.
Este caso se suma a un patrón más amplio documentado por la misma organización. Según un informe presentado por Cubalex en julio de 2024, entre enero de 2022 y enero de 2024 ocurrieron al menos 56 muertes bajo custodia estatal en Cuba. De ellas, 34 correspondían a reclusos en cárceles, nueve a detenidos en estaciones policiales y 11 a reclutas del Servicio Militar (de carácter obligatorio para los hombres mayores de 18 años en la Isla).
El informe detalla que muchas de estas muertes fueron consecuencia de la negación de atención médica, uso excesivo de la fuerza, medidas disciplinarias extremas, suicidios, huelgas de hambre y accidentes laborales. También documenta condiciones precarias en centros de detención, caracterizadas por hacinamiento, falta de higiene, carencia de alimentación adecuada, escaso al agua potable y una deficiente ventilación.
Entre los casos más notorios está el del preso político Luis Barrios Díaz, fallecido en un hospital de La Habana tras haber sido trasladado desde prisión sin recibir atención médica adecuada a tiempo; y el de Carlos López López, un joven de 22 años que murió por falta de asistencia médica tras recibir una golpiza en la prisión Combinado del Este. También figura el adolescente afrodescendiente Zinedine Zidane Álvarez Batista, de 17 años, quien murió desangrado tras ser herido por la Policía en Santa Clara en 2022.
Cubalex concluye que “la falta de investigaciones adecuadas, independientes y transparentes perpetúa la impunidad de los responsables” y recuerda que el derecho internacional obliga a los Estados a proteger el derecho a la vida, especialmente en contextos de detención.
A finales de 2024, también la organización Justicia 11J denunció que al menos cuatro personas condenadas por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J) habían perdido la vida mientras cumplían sus penas en prisiones cubanas.
Las muertes fueron atribuidas al régimen de la Isla “por comisión directa, o por negligencia y abandono en el cumplimiento de sus obligaciones”.
De acuerdo con el boletín de Justicia 11J correspondiente a diciembre de 2024, los reportes de fallecimiento incluían a Luis Barrios Díaz (ya mencionado), Yosandri Mulet, Giraldo Díaz y Manuel de Jesús Guillén Esplugas.
En el caso de Guillén Esplugas, de 29 años, las autoridades presentaron la versión de un presunto “suicidio”. Sin embargo, su madre, Dania María Esplugas, denunció que fue víctima de un crimen a manos de funcionarios del Estado cubano.
El activista, quien cumplía una condena de seis años, se hallaba en la prisión Combinado del Este (La Habana). Allí, según su familia, habría sido golpeado por guardias, lo que provocó su fallecimiento. Imágenes a las que tuvo Justicia 11J muestran supuestos signos de tortura en el cuerpo de Guillén.
Estos fallecimientos reflejan, según la organización, la grave situación que enfrentan los presos políticos en el país. La persistencia de denuncias sobre falta de atención médica, condiciones insalubres, torturas y malos tratos refuerza la percepción de que el Estado cubano incumple sus obligaciones de salvaguardar la vida y la integridad de quienes están bajo su custodia.
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