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1 de noviembre, 2000


Responsabilizan a la ONU por situación de los refugiados cubanos

LA HABANA, 31 de octubre (Ohalys Víctore, Cuba Voz) - El disidente Angel Almagro Campoalegre responsabilizó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, Sra. Sadako Ogata, por lo que él calificó de "desamparo e inseguridad como perseguido político en Cuba", status que le confirió en diciembre del 99 el Departamento de Refugiados de la Sección de Intereses de Norteamerica en La Habana.

Almagro expresó que la situación se debe a las "amenazas de encarcelamiento en caso de realizar actividades cívicas públicas no violentas", en consonancia con los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que le ha hecho la policía política de Cuba.

La cita anterior es parte de una carta que el resistente cívico le envió la semana pasada al embajador de la ONU en Cuba, Sr. Luis Gómez Echeverri.

Angel Almagro indicó que es responsabilidad de la ONU exigir al gobierno de la Isla respetar el programa para refugiados del que ese organismo internacional es parte y por el cual se debe facilitar la emigración de los perseguidos políticos o religiosos, así como eliminar trabas como las altas tarifas migratorias impuestas por las autoridades cubanas o la negativa de conceder el permiso de salida que, en algunos casos, aplica la policía política contra los perseguidos.

Entre tanto, funcionarios del Ministerio del Interior siguen decidiendo qué cubanos puede entrar o no en el país. Sin embargo, el destituido Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Robaina, en una asamblea de la ONU efectuada el 10 de diciembre del 98 presentó una propuesta de Resolución sobre "el respeto del derecho a la libertad universal de viajar y la importancia de la reunificación de las familias" (aprobada después por 103 votos a favor, 18 en contra y 66 abstenciones).

La Alta Comisionada Sadako Ogata estuvo en Cuba en el mes de mayo y aseveró que en la isla había excelentes condiciones para recibir refugiados. No obstante, el régimen de Castro no reconoce que haya cubanos perseguidos políticos o religiosos sino que los califica públicamente de "contrarrevolucionarios".

Cálculos basados en estadísticas del Banco Nacional de Cuba revelan que el pago impuesto por el gobierno de Castro para que los refugiados puedan salir del país equivale al salario medio de cinco años de un trabajador, suma que resulta impagable para cualquier perseguido político o religioso.

Según un informe del Departamento de Estado norteamericano 306 refugiados no habían podido salir de Cuba porque no contaban con el dinero que exigen las autoridades de emigración. Otros casos no viajaron porque les negaron la tarjeta blanca o permiso de salida del país, una norma nacional que viola los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria original.


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