Responsabilizan a la ONU por situación
de los refugiados cubanos
LA HABANA, 31 de octubre (Ohalys Víctore, Cuba Voz) - El disidente
Angel Almagro Campoalegre responsabilizó a la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Refugiados, Sra. Sadako Ogata, por lo que él
calificó de "desamparo e inseguridad como perseguido político
en Cuba", status que le confirió en diciembre del 99 el Departamento
de Refugiados de la Sección de Intereses de Norteamerica en La Habana.
Almagro expresó que la situación se debe a las "amenazas
de encarcelamiento en caso de realizar actividades cívicas públicas
no violentas", en consonancia con los principios establecidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que le ha hecho la policía
política de Cuba.
La cita anterior es parte de una carta que el resistente cívico le
envió la semana pasada al embajador de la ONU en Cuba, Sr. Luis Gómez
Echeverri.
Angel Almagro indicó que es responsabilidad de la ONU exigir al
gobierno de la Isla respetar el programa para refugiados del que ese organismo
internacional es parte y por el cual se debe facilitar la emigración de
los perseguidos políticos o religiosos, así como eliminar trabas
como las altas tarifas migratorias impuestas por las autoridades cubanas o la
negativa de conceder el permiso de salida que, en algunos casos, aplica la policía
política contra los perseguidos.
Entre tanto, funcionarios del Ministerio del Interior siguen decidiendo qué
cubanos puede entrar o no en el país. Sin embargo, el destituido Ministro
de Relaciones Exteriores, Roberto Robaina, en una asamblea de la ONU efectuada
el 10 de diciembre del 98 presentó una propuesta de Resolución
sobre "el respeto del derecho a la libertad universal de viajar y la
importancia de la reunificación de las familias" (aprobada después
por 103 votos a favor, 18 en contra y 66 abstenciones).
La Alta Comisionada Sadako Ogata estuvo en Cuba en el mes de mayo y aseveró
que en la isla había excelentes condiciones para recibir refugiados. No
obstante, el régimen de Castro no reconoce que haya cubanos perseguidos
políticos o religiosos sino que los califica públicamente de "contrarrevolucionarios".
Cálculos basados en estadísticas del Banco Nacional de Cuba
revelan que el pago impuesto por el gobierno de Castro para que los refugiados
puedan salir del país equivale al salario medio de cinco años de
un trabajador, suma que resulta impagable para cualquier perseguido político
o religioso.
Según un informe del Departamento de Estado norteamericano 306
refugiados no habían podido salir de Cuba porque no contaban con el
dinero que exigen las autoridades de emigración. Otros casos no viajaron
porque les negaron la tarjeta blanca o permiso de salida del país, una
norma nacional que viola los principios de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria original.
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