Cuba: ¿constitucionalidad
en Ginebra?
Manuel David Orrio, I
LA HABANA, febrero - Cuba será noticia el próximo abril,
cuando la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en
Ginebra, discuta una vez más un proyecto de resolución
condenatoria de la situación de derechos humanos existente en la Isla,
signada por la vigencia de una Constitución que desconoce fueros políticos
y civiles elementales, en retroceso absoluto respecto a toda la historia
constituyente cubana, cuyo hito de 1940 fue precursor de los más
importantes instrumentos jurídicos internacionales referidos al tema.
No cabe dudas de que en dicho debate influirán los intereses de
alianzas políticas entre estos y aquellos países, la percepción
de Fidel Castro como un dictador veterano, la política de sanciones económicas
unilaterales de Estados Unidos hacia Cuba y la conocida recopilación
sobre violaciones de derechos humanos que a los efectos siempre se presenta.
Sin embargo, cabe preguntarse si llamará la atención uno de
los aspectos destacables en el problema: Cuba, hoy, pudiera ser una de las
naciones de mayor inconstitucionalidad del orbe. No sólo se trata de una
Constitución ajena a derechos políticos y civiles bien definidos
en los pactos de Naciones Unidas, sino además de una ley fundamental
constantemente vulnerada desde el poder.
Un cuarto de siglo después de promulgada, la Ley Primera de Cuba
carece de legislación destinada al control de su cumplimiento, origen
visible de un serio problema de inconstitucionalidad, presente en muchas de las
leyes vigentes.
Hugo Ascuy, jurista que militó en el partido comunista cubano hasta
su fallecimiento en 1996, describió de modo bastante crítico la
crisis de la constitucionalidad isleña. Su colega y correligionario Julio
Fernández Bulté, conocido entre la población isleña
por su presencia en las mesas redondas televisadas en Cuba, a propósito
del caso Elián González, afirmó al diario Granma que quedan
importantes desafíos jurídicos por responder, el primero de ellos
reforzar los mecanismos de defensa constitucional.
La otra cara de la moneda puede encontrarse en Carlos Lage, quien
recientemente consideró logro una disminución de 17 mil
inmigrantes interiores en la capital, respecto al momento en que se dictó
el flagrantemente inconstitucional Decreto 217, destinado a regular migraciones
en país donde la ley fundamental estipula claramente el derecho de todos
a domiciliarse en "cualquier sector, zona o barrio de las ciudades",
lo cual denuncia como de paso otra violación, consistente en la obligación
para los nacionales de contar con permiso del gobierno para viajar al
extranjero.
Llama la atención el involuntario consenso que se produce entre
juristas nada sospechosos de anticastrismo y anticastristas perseguidos hasta
por intentar ejercer derechos constitucionales, también partidarios de un
adecuado control constitucional, aunque la vigente Constitución no les
sea simpática. Unos y otros desean reglas de juego que pongan fin a una
antilógica jurídica cuya razón de ser es impedir un normal
desenvolvimiento político y jurídico, incluso desde dentro del
poder. No por gusto, un proyecto de Ley de Control Constitucional, se dice que
promovido en el parlamento isleño, parece dormir el sueño de las
gavetas, anunciados sus avances supuestos, de vez en cuando, como para hacer ver
lo que entre burócratas se denomina "apariencia de movimiento".
Por lo pronto, lo único palpable: el gobierno de Fidel Castro
conmemoró el vigésimo quinto aniversario de la promulgación
de la vigente ley fundamental sin que hasta ahora dispongan los ciudadanos de
adecuados recursos para defenderse de leyes y disposiciones inconstitucionales,
comenzando por la propia labor legislativa, y más allá de la
represión posible contra aquellos que desde una sociedad civil emergente
han promovido el espinoso tema.
Por otro lado, desde el punto de vista externo, una percepción
nacionalista de la soberanía estatal pudiera ser legitimante de una
Constitución ajena a normas democráticas internacionalmente
aceptadas, a tenor de intereses regidos por alianzas políticas. Pero
donde gobierno como el de Cuba pierde toda defensa, incluso ante el aliado más
oportunista, es precisamente ante la violación comprobada de la
integridad constitucional, punto donde radica la importancia de este particular
aspecto en la situación de derechos humanos de la Isla.
Desde luego, para un sector del anticastrismo, enfrentar el problema
representa el riesgo político de reconocer la Constitución
vigente, dado por la exigencia de que sus preceptos se cumplan. Tal dilema se
planteó durante el frustrado intento opositor de Concilio Cubano, cuyo
quinto aniversario coincidió con el vigésimo quinto de la ley
fundamental isleña, y, según parece, hasta hoy permanece sin
solución.
No obstante, vale interrogar qué hay de malo en prestar apoyo crítico
a quienes, desde dentro del poder de Cuba, promueven el respeto a determinadas
reglas del juego, a la larga beneficiosas para los opuestos a la Constitución
vigente. ¿Por qué renunciar a las dinámicas del consejo?
Entretanto, en abril, Cuba en Ginebra.
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