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DISIDENCIA
La
potencia jur�dica 5p6el
LA HABANA, agosto (cubanet.sergipeconectado.com) - Cuando
el pasado 18 de marzo la polica poltica
allan la vivienda de la periodista Beatriz
Pedroso Len para detener a su esposo,
el tambin periodista Julio Csar
Glvez, entre las cosas que "ocup",
tras un registro de varias horas, se encontraba
un grupo de cuentos de ficcin y artculos
sobre temas de salud e histricos.
Ella haba inscrito esos materiales literarios,
en octubre del ao 2002, en el Centro Nacional
de Derechos de Autor (CENDA), donde, tras pagar
cincuenta pesos le entregaron una "Certificacin
de Depsito Legal Facultativo de Obras
Protegidas".
Los agentes de la Seguridad del Estado le quitaron
a las copias el certificado de derecho de autor
y se las llevaron.
En una parte de esa certificacin legal
se lee: "CENDA deja constancia de que, previa
comprobacin, ha sido itida en el rea
de depsito legal de esta Institucin
la obra protegida por la legislacin vigente
de Derecho de Autor en la Repblica de
Cuba cuyos pormenores se describen a continuacin:
Ttulo: La jinenera prodigiosa. Autor:
Beatriz del Carmen Pedro Len. Ttular:
La autora. Tipo de obra: Literaria. Caractersticas:
Coleccin de cuentos de ficcin
y artculos sobre salud e histricos".
"Ya hace cuatro meses y medio que se llevaron
esos cuentos y esos artculos y no puedo
hacer nada para que me los devuelvan", dice
Beatriz, angustiada.
A su vez, tampoco ha recibido an ningn
tipo de respuesta el abogado Wilfredo Valln
Almeida, que en marzo plante una demanda
ante la Fiscala Nacional de la Repblica
contra la Seguridad del Estado por violaciones
a la ley de Procedimiento Penal (hay mltiples
testigos) durante los allanamientos de viviendas
y detenciones ocurridos durante la ltima
ola represiva contra personas que desean la democracia
en Cuba.
Las disposiciones vigentes al respecto indican
que se debe dar respuesta en un plazo no mayor
de 60 das. Muy recientemente le pregunt
a Valln Almeida sobre su demanda, y me
respondi, con tristeza -l cree
que todos debemos se iguales ante las leyes- que
nada le haban respondido.
Por mi parte, en agosto de 1994 present
una denuncia ante la Fiscala Provincial
de La Habana contra dos oficiales de la Seguridad
del Estado que, en la maana del da
6 de ese mes, un da despus de
las manifestaciones antigubernamentales conocidas
como "El Maleconazo", se haban
presentado en mi domicilio para amenazarme.
Las amenazas fueron tan fuertes e irrespetuosas
que decid -por esa primera y nica
vez- presentar esa demanda ante la Fiscala.
Ocho meses despus recib una carta,
con fecha de agosto, aunque el matasellos del
correo indicaba que era de slo unos das
antes, con un acuse de recibo dicindome
que se haba tomado nota de mi denuncia.
Hasta ah. No ocurri absolutamente
nada ms.
En Cuba no existe un estado de derecho, eso lo
sabemos todos. Pero a veces uno estima -la ingenuidad
es as- que la Seguridad del Estado debera
respetar las leyes del rgimen que trata
de proteger a toda costa, y que las instituciones
judiciales deberan proteger a los ciudadanos
de los excesos que esa poltica comete.
La situacin es tal que es lcito
pensar que los de la Seguridad del Estado
se han credo que estn por encima
de las leyes. Evidentemente, a eso contribuye,
de manera determinante, el manto de impunidad
que han tendido sobre ellos los organismos llamados
judiciales.
Esto nos sume en un mar de impotencia jurdica
que lleva, por ejemplo, a que cuando la Seguridad
del Estado nos amenaza reiteradamente de muerte,
ni siquiera nos tomamos el trabajo de ir a una
institucin judicial. cnet/13
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