Laritza Diversent  5z144j

LA HABANA, Cuba, agosto (cubanet.sergipeconectado.com) - Teófilo Roberto López, a sus 66 años, vive la peor experiencia de su vida. La Dirección Municipal de la Vivienda de Arroyo Naranjo ejecutará, un proceso de confiscación en su contra, por orden de la ministra de Finanzas y Precios, Lina Olinda Pedraza. En cualquier momento será desalojado de la casa que construyó con su esfuerzo propio.

Pedraza, amparada en el Decreto Ley 149  “sobre confiscación de bienes e ingresos mediante enriquecimiento indebido”, ordenó, en julio de 2009, la confiscación, con efecto retroactivo, de los bienes obtenidos por Teófilo Roberto en el período 1998-2008.

La disposición se aplica como medida ejemplarizantes contra quienes obtienen un patrimonio ilegítimo, resultado del robo, la especulación y el desvió de recursos de entidades estatales, participación en negocios turbios, actividades de mercado negro y otras formas de enriquecimiento.

Sin embargo, las conductas, calificadas por la propia disposición jurídica como “actividades delictivas”, son juzgadas por una autoridad de la istración pública. La Fiscalía General, órgano que tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal pública  en representación del Estado, decidió promover contra López Licor un procedimiento istrativo antes de activar la vía judicial por la comisión de delitos.

Teófilo Roberto es trabajador por cuenta propia desde que se jubiló en 1996. Tiene en su poder documentos expedidos por la oficina tributaria, que acreditan ingresos como cuentapropista,  por más de medio millón de pesos cubanos. Sin embargo, la Ministra Pedraza, también miembro del Comité Central del Partido Comunista, los desestimo, y alegó que había contratado fuerza de trabajo. No obstante, la resolución ministerial dictada por la ministra, no hace referencia a ninguna sanción penal impuesta a López.

El pasado primero de agosto, Raúl Castro anunció que el gobierno eliminaría varias prohibiciones vigentes y flexibilizaría la contratación de fuerza de trabajo. No obstante, la implementación de las mismas exige reformar el ordenamiento jurídico.

Por otra parte, la legislación penal  prohíbe contratar mano de obra o utilizar medios o materiales de procedencia ilícita, aun teniendo licencia. Por otra, el Decreto-Ley 149 violenta el derecho de propiedad y coloca al ciudadano en estado de indefensión ante los excesos del gobierno.

La norma dispone que la sanción de confiscación sea aplicada  por una autoridad istrativa cuando la Constitución de la República, la Ley Procesal Penal y la Ordenanza de los Tribunales Populares, garantizan que “nadie puede ser encausado ni condenado si no por tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen”.

Las medidas anunciadas por el gobierno responden a un nuevo escenario económico, pero también deben proporcionar a los trabajadores por cuenta propia el disfrute de garantías legales que protejan sus intereses individuales. El caso de Teófilo Roberto demuestra que falta mucho por hacer para que eso suceda.