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Mayo 31, 2002 2k4z5v Los derechos sindicales en Cuba, pura ficción Aleida Godínez Soler, Lux Info Press LA HABANA, mayo (cubanet.sergipeconectado.com) - Después del 23 de noviembre de 1959, día en que concluyó el X Congreso Obrero, primero en celebrarse luego de la llegada a poder del actual gobierno cubano, y hasta la celebración del XVIII Congreso en abril de 2001, la política trazada por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) ha variado en cuanto a los intereses de los trabajadores. Los métodos utilizados desde tan lejana fecha hasta el presente para elegir a los supuestos representantes de los intereses de la masa laboral no han cambiado, como tampoco ha cambiado la política de la organización gremial que a lo largo de estos 42 años ha respondido, sin imponer condiciones previas, a las directivas del Partido Comunista y al gobierno de Cuba. La Ley 49, Código del Trabajo, en vigor desde diciembre de 1984, enuncia en su artículo 3, inciso e) que todo trabajador, acorde con la legislación vigente, tiene derecho a asociarse voluntariamente y constituir sindicatos. Sin embargo, el gobierno cubano continúa afirmando que la Central de Trabajadores oficialista y sus 20 sindicatos nacionales son los genuinos representantes de los trabajadores, lo que reafirma el carácter excluyente, discriminatorio y desconocedor de los derechos recogidos en el Convenio 87, sobre la Libertad Sindical, de la OIT. Es la opinión de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba que los sindicatos oficialistas, lejos de defender los intereses de lo trabajadores, constituyen un instrumento represivo del gobierno para impedirles la defensa de sus demandas y la realización de su justa aspiración a disfrutar de bienestar por medio de su trabajo. Los dirigentes de la CTC y sus sindicatos ramales son cuadros políticos del Comité Central del Partido, son empleados del gobierno, por lo que no levantarán la voz contra quienes los designan y les dan empleo. El gobierno repite insistentemente que los sindicalistas independientes en Cuba están al servicio de los Estados Unidos de América y de lo que ellos llaman la mafia de Miami, que no es otra cosa que una representación histórica del exilio cubano que apoya a la oposición interna en el objetivo de solucionar la problemática social de Cuba, entre cubanos. El XVIII Congreso Obrero, celebrado el pasado año, no generó ningún cambio de importancia y reafirmó una vez más su reconocimiento al Partido Comunista, tal como lo recoge la propia Constitución de la República, como fuerza superior dirigente de la sociedad y repite que la CTC y sus sindicatos reconocen abierta y conscientemente esta dirección comunista como destacamento de vanguardia y máxima organización de la clase obrera. Mientras estos preceptos gubernamentales se ponen en práctica a la fuerza, el Estado cubano continúa prohibiendo la creación de sindicatos independientes, hecho que no sólo viola sus compromisos internacionales y especialmente con la OIT, sino que viola también sus propios principios consagrados en la Constitución de la República y el Código del Trabajo, puesto que éstos establecen el derecho de reunión y asociación de los trabajadores y declaran que las organizaciones sociales "gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basado en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica"; aunque más adelante hace la salvedad de que éstos no pueden ser ejercidos "contra la existencia y fines del Estado Socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo". El Congreso Obrero después de tres días de sesiones, culminó, pero no ofreció una sola explicación a los grandes y graves problemas que afectan a la sociedad cubana. La problemática del fondo habitacional que tiene a tres millones de cubanos sin vivienda, la elevada cifra de desempleo esencialmente en las provincias orientales, la libre contratación fundamentalmente en las empresas con capital extranjero, la dualidad monetaria, la inflación, los bajos salarios, los altos precios de los artículos de primera necesidad que no satisface la libreta de racionamiento, el problema del transporte, las deformaciones estructurales de la economía cubana, la falta de convenios colectivos de trabajo en la gran mayoría de las entidades, las deficiencias con la protección y la salud de los trabajadores y, por supuesto, el derecho al sindicalismo independiente, a la huelga y otras formas pacíficas de los trabajadores cubanos. En octubre de 2000 la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba presentó a la CTC su solicitud formal de inclusión en las sesiones del XVIII Congreso Obrero con importantes propuestas. Sin embargo, esa organización sindical no dio respuesta a la petición y hasta el momento parece ignorarla, como también ignora la existencia del sindicalismo independiente con justificaciones absurdas. Meses más tarde, al celebrarse en nuestro país el Encuentro Hemisférico de la Lucha contra el ALCA (Alianza de Libre Comercio de las Américas) presentamos una nueva petición, esta vez solicitando nuestra presencia en el evento, ya que de algún modo representábamos los intereses de los trabajadores no afiliados a la CTC. Otra vez se nos ignoró. Con casi un año de antelación, solicitamos a Pedro Ross Leal, secretario general de la CTC nuestra participación en el próximo Congreso del Sindicato de Educación, con el objetivo, entre otros, de presentar un listado de educadores expulsados del sector por razones políticas, el cual apareció en el informe a la 89 Conferencia de la OIT celebrada en junio de 2001. En ninguna de las tres peticiones había frases grandilocuentes hacia nuestro trabajo. Sólo pretendíamos representar como es debido a la masa laboral que no está afiliada a los sindicatos representados por la CTC, y a pesar de nuestras diferencias políticas -como lo hicimos saber- nuestra postura sería siempre respetuosa. Esta actitud del gobierno demuestra su irreverente posición ante los preceptos plasmados en el Convenio 87, que por razones obvias debe respetar y aplicar en la práctica laboral cotidiana. Baste recordar que hasta el presente el gobierno no ha respondido y mucho menos autorizado la solicitud de inscripción en el registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia de las organizaciones gremiales independientes. La Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba tiene la solicitud número 798. En el último año, activistas sindicales en todo el país han recogido un buen número de denuncias sobre casos de acoso a activistas sindicales independientes y a trabajadores que se oponen al gobierno cubano. Este inventario excluye hechos que no fueron denunciados por temor a represalias o trabajadores que aún cuando fueron ados no quisieron expresar su denuncia para evitar futuros problemas con la policía política. Por segundo año consecutivo, se redactaron informes que recogen violaciones, incluidos 104 trabajadores echados a la calle por motivos políticos (entiéndase no estar de acuerdo con la política gubernamental), entre ellos cuatro dirigentes istrativos, 88 hombres y 16 mujeres, de los cuales 51 son profesionales graduados en universidades cubanas. De este modo son groseramente violados los convenios fundamentales de la OIT, y las respuestas del gobierno cubano ante el reclamo de esa organización no satisface nuestras expectativas, porque redundan en la ya conocida mentira que intenta tapar el sol con un dedo. Lo que es imposible. 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