MADRID, España.- La deportación de la cubana Heidy Sánchez Tejeda, de 44 años, ha generado conmoción en redes sociales, medios de prensa y organizaciones defensoras de los derechos migratorios. El pasado 24 de abril, Sánchez fue expulsada de Estados Unidos y enviada a La Habana. La medida la alejó abruptamente de su hija de 17 meses y de su esposo, ambos ciudadanos estadounidenses. Desde entonces, su vida ha estado marcada por la angustia y un esfuerzo incesante por volver a estar con su familia. 541e3p
La imagen de su hija pequeña, tomada desde Tampa, Florida, mientras sostiene un teléfono para ver a su madre al otro lado de la pantalla, ha dado la vuelta a las redes sociales y a medios de prensa en las últimas horas. Heidy, visiblemente afectada, se apoya contra una puerta en Cuba tratando de mantener un vínculo emocional con la niña que aún amamantaba semanas antes de la deportación.
La última vez que madre e hija estuvieron juntas fue en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En una entrevista concedida a EFE desde La Habana, Heidy narró el momento en que fue detenida: “Me esposaron, me llevaron a una celda y yo le dije (al agente): ‘¿Qué necesidad tienes de esposarme? Si ya me estás quitando mi vida, ya me estás matando, me estás separando de lo que más yo quiero en el mundo’”.
Durante las 48 horas posteriores, Heidy fue trasladada entre varios centros de detención, recorriendo cientos de kilómetros esposada, hasta llegar a Miami, donde se le permitió cambiarse únicamente para vestir un uniforme gris antes de subir al avión que la devolvería a Cuba. La deportación se ejecutó a pesar de que su proceso migratorio seguía en curso y de que su esposo había presentado una solicitud de residencia en su favor.
Heidy llegó a Estados Unidos en 2019, tras atravesar el peligroso corredor migratorio desde Nicaragua. En ese tiempo, vivía bajo el estatus I-220B, un permiso temporal que autoriza la permanencia supervisada pero no brinda protección frente a una orden de deportación. A su situación se sumaron múltiples demoras y un cambio de última hora en su cita con inmigración. “Me llamaron el lunes por la tarde, mientras estaba trabajando, para decirme que mi cita se había adelantado al martes”, relató. “Les dije que no podía ausentarme de repente, que necesitaba conseguir a alguien que me reemplazara. Pero no les importó”.
Durante dicha cita, su abogada presentó documentación médica, legal y familiar solicitando reconsideración del caso, pero la respuesta del oficial de ICE fue contundente: “Eso ya no sirve, ya está decidido”.
Desde La Habana, Heidy expresa su dolor e impotencia. “Mi hija es ciudadana americana. Yo vine aquí buscando tenerla, buscando familia. Y me devuelven como si no tuviera ningún vínculo ni historia”, dijo a EFE. En entrevista con OnCuba, añadió: “Me arrancaron a mi hija de los brazos”. Y concluyó: “Lo peor es que ella todavía cree que su mamá va a volver del trabajo. No sabe que me devolvieron a un país donde ya no tengo vida”.
Su abogada, Claudia Cañizares, ha denunciado irregularidades en el procedimiento. “Sánchez no tiene antecedentes penales, y fue tratada como si fuera una criminal peligrosa”, afirmó. También señaló que no se le ofreció la posibilidad legal de ser deportada junto a su hija, una opción contemplada en los protocolos migratorios para casos familiares.
El drama se intensifica por las limitaciones para mantener o. Las fallas en la conectividad y los frecuentes apagones en Cuba dificultan las comunicaciones. “Cada vez que logro hablar, mi niña se me queda mirando por la pantalla y me dice: ‘Mamá, ven’. Eso me destroza”, contó Heidy.
El caso ha llegado al Congreso de EE.UU. La congresista Kathy Castor (Demócrata, FL-14) envió una carta al presidente Donald Trump solicitando un permiso humanitario inmediato para Heidy. “Está mal que su personal de ICE dañe a las familias de esta manera”, escribió. “La señora Sánchez tiene derecho al debido proceso, y su esposo e hija merecen ser tratados con la dignidad que valoramos como estadounidenses”.
Mientras tanto, su familia, su abogada y organizaciones de derechos migratorios impulsan una campaña pública para lograr la reunificación. Han comenzado a reunir firmas, movilizar apoyos y explorar todas las vías legales posibles.
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