MIAMI, Estados Unidos. — Una veintena de organizaciones de la sociedad civil cubana e internacional solicitaron formalmente a la Unión Europea (UE) una revisión inmediata del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) con el régimen cubano, al considerar que su aplicación actual contradice los principios democráticos y los compromisos de derechos humanos del bloque europeo. 2w2la
En una carta enviada este 19 de mayo a la alta representante para Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, las organizaciones expresaron su “honda preocupación ante la continuidad de la implementación del Acuerdo (…) en ausencia de reformas sustantivas que garanticen el cumplimiento de los principios fundacionales del Acuerdo”.
Según denuncian, el ADPC “excluye sistemáticamente a la sociedad civil independiente, obstaculiza su participación significativa y tolera prácticas contrarias a los principios fundamentales del propio instrumento”. La misiva, respaldada por entidades como Ciudadanía y Libertad, Cubalex y el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas, entre otras, plantea que, en su forma actual, el Acuerdo incumple los artículos 1.5 y 2, que establecen como pilares la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana.
Entre las críticas específicas, destacan que “la implementación actual del ADPC impide la participación oficial de la sociedad civil independiente en el Diálogo de Derechos Humanos, restringe su a los fondos de cooperación (…) y mantiene reuniones a puertas cerradas con el propósito explícito de ‘no incomodar al régimen’”.
Asimismo, las organizaciones firmantes cuestionan que los fondos europeos asignados a Cuba desde 2016 se han canalizado hacia “entidades estatales o estrechamente vinculadas al aparato oficial, sin control efectivo ni garantías de que no sean utilizados para reforzar estructuras que contravienen los fines del Acuerdo”.
En el contexto del próximo Consejo Conjunto UE-Cuba previsto para junio, las organizaciones urgieron a la Comisión Europea a introducir “cambios significativos en su implementación” y advirtieron que la falta de correcciones “debilita la legitimidad del instrumento” y “expone a la Unión Europea al riesgo de verse asociada a una arquitectura de cooperación que reproduce condiciones de opacidad, exclusión y represión”.
La carta también hace referencia al debate celebrado el 6 de mayo en el Parlamento Europeo, donde “11 de los 17 eurodiputados que tomaron la palabra solicitaron o bien la suspensión del Acuerdo o bien una revisión profunda de su aplicación”.
Entre las recomendaciones dirigidas a la UE se incluyen: garantizar la inclusión oficial de la sociedad civil independiente en el diálogo sobre derechos humanos; revisar los criterios de elegibilidad a los fondos de cooperación para permitir el de organizaciones no alineadas con el régimen; establecer mecanismos de control del uso de esos fondos; y cesar los encuentros informales que carecen de transparencia y reconocimiento institucional.
“Instamos (…) a impulsar una revisión inmediata del modo en que el Acuerdo se está ejecutando. La legitimidad internacional de la Unión Europea no debería estar asociada a un instrumento que margina a la sociedad civil, reproduce las condiciones de opacidad y exclusión, y diluye los principios de la cooperación en un contexto de represión sostenida”, concluye la carta.
La misiva también fue firmada por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC), la Red Femenina de Cuba, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y Civil Rights Defenders, entre otras ONG.
A inicios de mayo, Kaja Kallas aseguró que el ADPC era un “marco útil” para abordar las violaciones de derechos humanos en la Isla, en respuesta a los llamados de eurodiputados del Partido Popular Europeo y de grupos de derecha que exigieron su suspensión.
Durante una intervención en el Parlamento Europeo, Kallas reconoció que el pacto no había dado los resultados que se esperaban, pero insistió en que seguía siendo “relevante” para promover reformas democráticas y económicas. “No es una bala de plata, pero sí la mejor oportunidad para promover los valores e intereses europeos y apoyar las reformas en la Isla”, afirmó la jefa de la diplomacia europea.
El debate se produjo en medio de renovadas preocupaciones por la situación de los derechos humanos en Cuba, tras la revocación de la libertad condicional de los opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro. “Persiste el retroceso”, reconoció Kallas, que también calificó de “profundamente preocupante” dicha decisión y destacó también la estrecha relación del régimen cubano con Moscú.
Kallas subrayó que el Acuerdo permite tratar “asuntos sensibles” como las detenciones arbitrarias o desproporcionadas. “La UE no apoya al régimen”, recalcó. También aseguró que los fondos europeos canalizados hacia la Isla son gestionados a través de agencias de Naciones Unidas, ONG europeas y otras entidades internacionales, “por lo que el dinero no se concede a las autoridades”.
Sin embargo, sus argumentos fueron duramente cuestionados por parlamentarios conservadores. “La Unión Europea no puede seguir ignorando lo que sucede en Cuba”, declaró el eurodiputado Gabriel Mato, quien denunció una “crisis humanitaria insoportable” y la existencia de “miles de presos políticos”. “Hace siete años apoyamos el Acuerdo y hoy tenemos que pedir suspenderlo”, concluyó.
En la misma línea, el parlamentario de Vox Hermann Tertsch calificó el Acuerdo como una “deshonra” y criticó la “complicidad” de las democracias europeas con “la bestial tiranía” cubana.
En reacción a este debate, el periodista cubano José Raúl Gallego denunció en Facebook que “los argumentos de los europarlamentarios prorrégimen (…) tienen menos sustancia que los que puede soltar un cuadro del PCC municipal en una reunión cederista”. Según Gallego, el discurso oficialista intenta “utilizar la llegada de Trump al poder para azuzar las diferencias entre Estados Unidos y Europa”.
“Utilizan constantemente la falacia de la soberanía del pueblo cubano como si los cubanos hubiésemos tenido opciones para escoger el sistema que queremos”, añadió. También calificó de “decepcionante” la intervención de Kallas y acusó a la UE de mantener un acuerdo que otorga legitimidad a un régimen aliado de Vladímir Putin.
El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba entró en vigor en 2017, con el objetivo de reemplazar la denominada “Posición Común” adoptada por la UE en 1996. Desde entonces, su continuidad ha sido objeto de controversia debido a la falta de avances concretos en materia de libertades y derechos en la Isla.
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