¿UN PAÍS SEGURO?:
Especial de violencia en Cuba
Noticias sobre Cuba
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En Cuba, que hasta 2019 había reportado algunas de las menores tasas de crímenes violentos en el hemisferio occidental, las cosas están cambiando. No solo existe un incremento de la violencia, documentado a través del periodismo independiente e incluso los datos oficiales; sino que esta es cada vez más letal y más misógina.
Mujeres que denunciaron a sus agresores mueren en sus manos, sin que la Policía les auxilie. La Policía, que arresta disidentes solo por gritar consignas, no ha atendido denuncias de violencia que más tarde resultaron en feminicidios y otros crímenes letales.
“Si me pasa algo, [que] todo el país sepa que fui a la fiscalía ciudadana, a la Policía, y que no han detenido al ciudadano. ¿En g [sic] país vivo que no importa la vida de una ciudadana cubana?”, escribió Nancy Peña, de 42 años, los dedos atropellándose de terror y rabia sobre el teclado.
La había amenazado de muerte su expareja. Los dos residían en Holguín, al oriente de Cuba, la nación que en las cifras reportadas por el Estado tuvo hasta 2019 uno de los índices más bajos de criminalidad violenta en el hemisferio occidental, pero donde, desde entonces, las cosas han ido cambiando.
Nancy dio enter e hizo público su post. La denuncia formal por la amenaza que recibió la había presentado ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la instancia encargada de la seguridad de la población en Cuba.
“Con el triunfo de la Revolución se crean condiciones enteramente nuevas, se establece una identificación entre la Policía y el pueblo, una identificación entre la Policía y las masas, […] tanto en lo político como en lo social”, decía el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, citando a Fidel Castro, en enero de 2024. El dictador celebraba el 65 aniversario de la corporación policiaca, recordando un discurso del fallecido.
Pero la tarde en que publicó ese post, a Nancy Peña la “identificación entre la Policía y el pueblo” le alcanzó para muy poco. Para nada, realmente. Su denuncia fue ignorada, y la persona que la había agredido siguió en libertad para perseguirla y cobrar venganza.
Una constante amenaza de muerte acecha en su propia casa a las mujeres cubanas que viven en situación de violencia. La construcción y análisis de una base de datos de cerca de 400 crímenes violentos verificados que presentan hoy CubaNet, Cubalex y Data Crítica, revela que al menos en una tercera parte de los feminicidios verificados los agresores tenían antecedentes violentos, que en ocho de cada diez casos los asesinos eran parejas o exparejas de las mujeres y que mientras los hombres son asesinados en el espacio público, las mujeres lo son en sus propios hogares.
La tasa oficial de asesinatos intencionales de mujeres, calculada a partir de las estadísticas del Ministerio de Salud de Cuba, muestra que lo que en 2021 parecía una anomalía, una súbita crecida de asesinatos de mujeres, se consolidó a finales de 2023 ya como una tendencia. Arrinconado por organizaciones y periodistas independientes que documentan la violencia contra la mujer, el Estado cubano se ha visto por primera vez obligado a reconocer, entre eufemismos y a regañadientes, la creciente violencia en Cuba.
Una tendencia letal e inédita
El análisis de las cifras oficiales de asesinatos de mujeres revela que incluso antes de terminar el año, en octubre de 2023, se consolidaba una tendencia creciente de violencia letal contra la mujer en la isla.
En 2020 comenzó a ocurrir algo inédito en los registros oficiales de asesinatos de mujeres. 2021 fue un año atípico de incremento luego de años de aparente tendencia decreciente. No obstante, tras 2021, año de pandemia, crisis económica y protestas que acusan mala gestión gubernamental de la crisis, la isla no se ha recuperado, y los asesinatos de mujeres, respecto de 2020, siguen creciendo.
Como Nancy Peña, 16.000 niñas y mujeres de la Isla enfrentan violencia en su propia casa, declaró en una sesión del Partido Comunista de Cuba Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), vinculada al régimen. El 60 por ciento de las mayores de 15 años, dijo, son mujeres negras. De manera contradictoria, la publicación del discurso de la funcionaria, que fue retirado de la página del Gobierno cubano en abril de 2024, pero que conservamos en un archivo para esta investigación, fue titulado “En Cuba, tolerancia a la violencia de género”.
Junto con este tipo de agresiones se incrementan otras en la Isla, catalizadas por una crisis económica sistémica que se acentuó con la disminución del turismo tras la pandemia (el producto interno bruto de la Isla cayó 11 por ciento entre 2019 y 2020), el recrudecimiento del embargo durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, y en el marco de protestas masivas que, impulsadas por una gestión ineficiente de la crisis económica, exigieron un alto a la represión política al gobierno de Miguel Díaz-Canel.
En el pasado, la Isla mantuvo en las cifras oficiales tasas de crímenes violentos que la mantuvieron como uno de los países menos peligrosos del hemisferio occidental. Cuba ostentaba una tasa de homicidios intencionales de mujeres similar a la de Belarús, Paraguay, Costa Rica, Moldavia o Ucrania. Pero esas cifras históricas, acusan defensoras cubanas de derechos humanos de las mujeres, se usan hoy para desestimar las crecientes exigencias de protección a la integridad de la población cubana.
A contracorriente del discurso del régimen cubano, esta investigación revela que la violencia en la Isla no solo es creciente, sino cada vez más letal y, cada vez, más misógina. La Policía Nacional Revolucionaria, como instrumento de persecución política eficaz, pero insuficiente en la protección de los pobladores de la Isla, está al centro de la creciente problemática.
“Si tú sales con un cartel que diga ‘Patria y Vida’, ahí aparece la Policía inmediatamente; pero si hay una persona que está siendo asaltada, las calles están oscuras por el tema de los apagones, no hay seguridad… la Policía nunca llega”, dice la abogada Laritza Diversent Cámbara, directora de la organización defensora de derechos humanos Cubalex.
La canción de hip-hop Patria y Vida se convirtió en el himno de las movilizaciones del 11 y 12 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles de decenas de ciudades en la Isla, incluida Holguín, el pueblo de Nancy Peña, acusando una pobre gestión de la crisis económica y sanitaria durante la pandemia, escasez de alimentos y medicinas en la Isla, y la constante vigilancia y represión del régimen de Miguel Díaz-Canel. Más de 700 personas fueron procesadas por la PNR tras el “11J”, a pesar de marchar pacíficamente.
Maykel Castillo, conocido como “ Maykel Osorbo”, músico cubano y uno de los coautores de la canción, recibió dos premios Grammy Latino desde la prisión de máxima seguridad Cinco y Medio en Pinar del Río, donde cumple una condena de nueve años luego del lanzamiento de Patria y Vida.
Originario del barrio marginalizado de Belén, en La Habana, y uno de los líderes del movimiento artístico disidente San Isidro, había logrado escapar a una detención arbitraria anterior, apoyado por los pobladores de su comunidad, que impidieron a la PNR esposarlo y le prestaron una bicicleta para que huyera.
Cuando en abril de 2021 se le intentó arrestar por el delito de cantar una canción con el cubrebocas mal puesto (una canción cuya letra criticaba a Miguel Díaz-Canel), Osorbo no se sorprendió, era su detención número 120. ¿Los motivos de tantas? Cantar, denunciar en sus redes sociales que una mujer cubana había fallecido por COVID-19 en la calle, filmar un operativo policiaco y luego negarse a entregar su teléfono a la Policía, preguntar a agentes de la Seguridad del Estado apostados fuera de su casa por qué lo vigilaban…
La penúltima vez, cuando el pueblo salió a defenderlo de la Policía, fue para el régimen demasiado, y no se lo perdonaron. El 18 de mayo de 2021 fue detenido por última vez y sentenciado a nueve años de prisión por “desacato”, entre otros cargos incompatibles con el derecho internacional y que organismos de derechos humanos consideran fabricados para hacer detenciones contra disidentes políticos. Entidades de Naciones Unidas y organismos internacionales como Amnistía Internacional consideran su detención arbitraria y su salud deteriorada por su encierro.
De la dedicación y recursos para detener a Osorbo 121 veces, una centésima parte hubiese bastado para detener al agresor de la adolescente cubana Leidy Bacallao. La edad más frecuente de los feminicidios, según nuestro análisis, es entre 30 y 45 años, pero también han sido asesinadas tres adolescentes, entre ellas Leidy, de 17.
Perseguida por su expareja, Elesván Hidalgo, un hombre 30 años mayor que ella y que fue identificado por el padre de la joven como informante del Ministerio del Interior, el órgano de persecución política del Estado, Leidy entró a la subestación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) ubicada en Nuevitas, Camagüey.
Llegó agitada, con la esperanza de estar pisando la estación, pidiendo auxilio a los oficiales que estaban presentes. Ellos, de acuerdo con información provista por familiares de Leidy y probada en juicio, huyeron de la estación, dejando a la adolescente sola con Hidalgo, que la persiguió por toda la comisaría hasta que la asesinó allí mismo.
“En Cuba, lo repito, no hay ni habrá pasividad ni impunidad frente a lo mal hecho. No hay descanso ante todo lo que pueda lacerar a la Revolución, que es lacerar a nuestro pueblo”, decía el gobernante Miguel Díaz-Canel en su celebración de la PNR.
Hidalgo fue capturado y enjuiciado más tarde, pero el padre de la joven señala que el atacante era amigo de los policías que permitieron el feminicidio y que ningún policía había sido juzgado por su complicidad omisa a la fecha de publicación de este reportaje.
Cristina (49 años) fue asesinada presuntamente por su expareja en el hogar de su hija en el barrio rural Reparto Evia Sur, en Birán, Holguín. El hecho fue presenciado por su nieto menor de edad. Familiares de Cristina denunciaron que ella vivía con miedo y no salía sola por las amenazas de muerte por parte de su agresor.
Tomasa (60 años) ) fue asesinada por su pareja. “Lamentamos el feminicidio de Tomasa, que hasta donde hemos podido llegar pudiera ser de apellido Vargas, en la madrugada del 24 de mayo, en Luyanó, La Habana. Tomasa, de alrededor de 60 años de edad, fue agredida por su pareja”, informó la plataforma feminista Yo Si Te Creo.
Damaris (51 años) asesinada en su casa, en Consolación del Sur, Pinar del Río. Tenía dos hijos mayores de edad. El crimen fue calificado por YSTCC como feminicidio «debido a la violencia que padeció y otros indicios que muestran sesgo de género».
Rafaela Yusmila (45 años) quien fue asesinada por su pareja y encontrada muerta el 21 de junio en el portal de su hogar, en la localidad de Baire, del municipio de Contramaestre. La sobreviven varios hijos.
Maylin (43 años) fue hallada muerta en un descampado en las afueras de Güines, Mayabeque. Presuntamente fue asesinado por su expareja. Tenía un hijo e hija mayores de edad, pero muy jóvenes, y un nieto pequeño del que estaba a cargo.
Yunileidys (39 años) fue asesinada por su expareja en el consejo popular de San Agustín, del municipio La Lisa, La Habana. Victimario: expareja
Sarahí (48 años) fue asesinada presuntamente por su expareja en el barrio El Canal, del municipio Cerro, en La Habana. Uno de sus hermanos resultó herido por el feminicida; así como la madre de Saraí. Era conocido por familiares y vecinos que Sarahí sufría desde hacía años violencia machista, así como la pareja anterior de este agresor. Una hija sobrevivió a la víctima.
Ohanis (edad desconocida) falleció a manos de su pareja, en un barrio rural de la provincia Artemisa. Tenía tres hijos mayores de edad.
Vanelis(37 años) fue asesinada en las afueras de su casa el 28 de febrero a manos de su expareja. La enfermera iba con su hijo menor de edad para la escuela cuando el victamario la atacó. El niño pudo resguardarse en una casa cercana. El asesino, con antecedentes de violencia de género, se dio a la fuga.
